El gobernador Pedro Pierluisi indicó ayer que aún no ha decidido si convetirá en ley el Proyecto de la Cámara 474, que permitiría a la ciudadanía acudir a defender recursos ambientales en foros legales y administrativos.

“Está bajo evaluación. Yo en estas cosas lo que busco es un balance. Es importante que yo reciba el insumo de todas las agencias concernidas, así como mi equipo de trabajo en La Fortaleza. Ya me deben conocer. Yo busco un balance”, dijo Pierluisi.

“Pienso que lo importante aquí es que tengamos un sistema de permisos que funcione, que la ciudadanía tenga la oportunidad de participar en vistas públicas que se lleven a cabo, que se le notifique a los que se les tiene que notificar cuando se va a otorgar un permiso de construcción. Yo voy a estar velando esas cosas, que ese sistema sea funcional, y que todos tengan la oportunidad de impugnar permisos cuando entienden que no son correctos o adecuados”, agregó.

El gobernador destacó, además, que está claro en que para el sábado o domingo tendría que tomar su decisión. “Si no lo firmo, entonces se convierte en un veto de bolsillo. Aunque no tengo que expresar mis motivos o razones, en ese momento dado, veremos. O sea, cualquier ley que yo no firme, pueden preguntarme las razones y yo voy a hacer lo posible por contestar sus preguntas”, añadió Pierluisi.

Según consta en el récord legislativo, el PC 474, medida de la autoría de la representante Mariana Nogales Molinelli y el representante José Bernardo Márquez Reyes, ambos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), crearía la “Ley de Legitimación Activa Ambiental”, que otorgaría “legitimación activa estatutaria plena a cualquier persona en Puerto Rico que, motivada por un deseo legítimo para hacer valer la política ambiental, interese presentar, intervenir, solicitar reconsideración, recurrir o apelar como parte en cualquier acción o causa civil o administrativa bajo cualquier ley, reglamento u otra fuente jurídica que verse sobre asuntos ambientales, ecológicos o relacionados a la protección, conservación o desarrollo de los recursos naturales o que tengan un impacto directo o indirecto en cuanto a estos asuntos”.

La medida contempla varias enmiendas a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos en Puerto Rico y la Ley sobre Política Pública Ambiental.

La pieza fue aprobada en principio en la Cámara de Representantes con 28 votos a favor y 16 en contra. Posteriormente fue aprobada en el Senado, con enmiendas, por 14 votos a favor y 10 en contra. Y finalmente fue ratificada con las enmiendas en la Cámara, por 31 votos a favor y 17 en contra. Fue enviada a La Fortaleza para la firma del gobernador el 18 de noviembre pasado.