El representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez Reyes, cuestionó hoy la validez constitucional de la Ley 173 aprobada después de las elecciones generales de 2020 que enmendó el Fondo de Mejoras Municipales para crear un barrilito con dinero proveniente de los recaudos del .1% del Impuesto de Ventas sobre Uso (IVU).

Mediante este pote de fondos públicos, los senadores y representantes de distrito pueden distribuir el dinero para obras, mejoras permanentes y servicios a la ciudadanía por conducto de la Autoridad de Tierras sin que el proceso pase por el crisol la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo.

Amparado en una opinión de 1989 del entonces secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz y en una sentencia del Tribunal Supremo de 1994, en el caso David Noriega versus Rafael Hernández Colón, el legislador del MVC pidió a la Contralora, Yesmín Valdivieso, y al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, que se expresen sobre la controversia, como paso previo a la posibilidad de impugnar la medida en los tribunales.

“Hay barriles que han sobrevivido el crisol constitucional, pero con autorización directa de la Asamblea Legislativa. Este es un diseño que no es nuevo, sino revivido”, denunció Márquez Reyes en conferencia de prensa esta tarde en el Capitolio. Dijo que el pasado año fiscal se recaudaron unos $25.9 millones provenientes del .1% del IVU.

“Existe a nuestro juicio una razón de peso mayor para investigar los desembolsos de fondos públicos realizados mediante el Fondo de Mejoras Municipales. Esa razón es que el Fondo de Mejoras, según enmendado por la Ley 173-2020, constituye un andamiaje inconstitucional para el desembolso de fondos públicos”, indicó el legislador en las cartas enviadas hoy a la Contralora y al Secretario de Justicia.

En las pasadas semanas trascendió que el Departamento de Agricultura solicitó intervención de la Oficina de la Contralora por posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos. A la luz de estas investigaciones, Márquez Reyes dijo que le encomendó a su Director Legislativo una opinión legal sobre el Fondo de Mejoras Municipales por entender que contravenía el famoso caso de Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994), que declaró inconstitucional un andamiaje análogo para los barriles de tocino hace casi 30 años.

“De por sí, tengo objeciones filosóficas con los barriles de tocino, pero al estudiar las enmiendas que se le hicieron al Código de Rentas al final del pasado cuatrienio nos percatamos de un problema constitucional mayor. El Fondo de Mejoras no solo opera con un manto enorme de opacidad que dificulta el conocimiento público sobre los desembolsos, sino que además opera bajo un andamiaje idéntico al que el Tribunal Supremo ya invalidó”, reclamó el representante del MVC.

“Estamos yendo paso a paso”, dijo Márquez Reyes al ser peguntado por qué no impugnó el proceso en el tribunal. Indicó que “en esta etapa hay una auditoria corriendo (en la Contraloría) y además queremos clarificar la posición de Justicia, una vez tengamos el cuadro más claro, una vez agotemos esos pasos es posible que también consideremos ir al tribunal”.

Las comunicaciones del legislador citan la sentencia de Noriega vs. Hernández Colón, emitida por el entonces juez presidente del Tribunal Supremo, Francisco Rebollo, así como la Opinión del Secretario de Justicia 1989-25, emitida por Rivera Cruz. Dijo Márquez Reyes, que ambos documentos legales sostienen que disponer de fondos públicos a través de determinaciones administrativas de legisladores de distrito viola la separación de poderes.

“Básicamente, estoy haciendo dos solicitudes formales. En cuanto a la Contralora, que la auditoría iniciada evalúe la constitucionalidad de la Ley 173-2020. Esto, ya que uno de los deberes primordiales de la Contralora es evaluar si el desembolso de fondos públicos está vedado por alguna norma constitucional”, detalló el representante de Victloria Ciudadana.

“A su vez, en cuanto al Secretario de Justicia, estoy solicitando que como asesor legal del Gobernador, aclare si la Opinión 1989-25 sigue vigente. De ser así, acto seguido es imprescindible aclarar si esa Opinión es aplicable al actual Fondo de Mejoras Municipales”, agregó.