Un grupo de personas y organizaciones se manifestarán hoy frente al Capitolio para protestar contra un proyecto que consideran forzaría a los menores a ser vacunados, o de lo contrario no podrían asistir a las escuelas y sus progenitores puedan ser castigados.

La Coalición Pro Consentimiento Informado y Vacunación No Compulsoria considera esta legislación como un exceso de autoridad de parte del Gobierno.

Según el abogado Adrián Díaz, padre de dos adolescentes e integrante de la Coalición, al forzar la vacunación el Gobierno “está coaccionando a los padres a la vacunación, so pena de negarle a sus hijos el derecho constitucional a la educación, al sistema de educación, incluyendo los cuidos, que si hay un niño que no completó protocolo de vacunas, le pueden negar el derecho a la matrícula, y eso contradice el derecho constitucional a la educación”. 

Explicó que para la década de 1970, el Gobierno declaró que había un interés apremiante en la vacunación de los menores, pero dejó la posibilidad de una exoneración por razones médicas o religiosas.

Sin embargo, contrario a lo que asegura ocurre en casi la totalidad de los estados en los Estados Unidos, donde hay un consenso en la exoneración por razones religiosas, pero basta con una firma del progenitor, aquí en Puerto Rico “es donde único exigen que sea un tercero, un sacerdote, pastor o ministro, el que certifique que hay un dogma de una iglesia o religión en particular que no avala la vacunación”. 

Puesto de otra manera, Díaz indicó que se le dificulta a los padres y madres tomar una decisión en contra de vacunar a su hijo o hija, y eso es justamente lo que esta coalición quiere revertir. 

“Lo que queremos es que en Puerto Rico se reconozca el derecho de los padres a rechazar o aceptar vacunas de acuerdo a sus razones morales o filosóficas, y que se respete el derecho de los padres de patria potestad sobre las decisiones de salud y cuidado de sus hijos, al igual que ese derecho se respeta en 17 jurisdicciones de los Estados Unidos. No nos estamos oponiendo a las vacunas. Estamos pidiendo que se respete ese derecho que reclamamos a decidir, con un consentimiento informado, si accede a recibir o no cierta vacuna”, afirmó Díaz. 

Agregó que hay muchos progenitores que “cuando investigan, se topan con información de que algunas de esas vacunas tienen elementos de tejidos de animales o de fetos humanos descartados, y no quieren eso en sus hijos”. 

“Hay vacunas que tienen elementos tóxicos, que tienen aluminio, mercurio u otros elementos que no se sabe si se acumulan en el cuerpo o cuánto daño causan. Hay reacciones adversas que se han registrado. Hay suficiente información que justifica oponerse a ciertas vacunas”, insistió.