El gobernador Pedro Pierluisi declaró Estado de Emergencia para los municipios de San Juan, Loíza y Guaynabo por las inundaciones repentinas causadas por las lluvias torrenciales del pasado viernes.

Con la firma de la Orden Ejecutiva (OE) 2023-032, el primer ejecutivo autoriza además al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, a añadir en la declaración de emergencia a cualquier otro municipio que entienda necesario.

“A raíz de la gran actividad de lluvias torrenciales que enfrentó Puerto Rico, el 27 de octubre de 2023 el Servicio Nacional de Meteorología emitió un aviso de inundaciones repentinas para varios municipios. La actividad de aguaceros se concentró en los sectores del norte y noroeste. Particularmente, en el área de San Juan se registró un récord de lluvia máxima diaria de 5.20 pulgadas. Este panorama de lluvias torrenciales provocó inundaciones, socavaciones y deslizamientos de terreno en diversos pueblos. El Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad constitucional de salvaguardar el orden público, proteger la vida, la propiedad y la seguridad de todos sus residentes”, lee el documento.

El gobernador también ordenó al secretario del DSP, en su carácter de Oficial de Enlace Estatal, a proceder con la coordinación necesaria para aceptar y utilizar la asistencia federal que se presta en respuesta a las peticiones generadas por el Gobierno de Puerto Rico y sus municipios.

Un ciudadano reportó paredes derrumbadas en el canal del río que pasa por la calle 54SE a causa de los intensos aguaceros del 27 de octubre.

Esta declaración de emergencia cumple con los requisitos para que la Administración de Servicios Generales (ASG), las agencias y los municipios puedan activar los procedimientos especiales de compra de emergencia para adquirir materiales y servicios esenciales para responder a la emergencia.

La OE instruye al secretario del DSP a preparar y presentar al gobernador, al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), al secretario del Departamento de Hacienda y al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) un estimado de los fondos requeridos para realizar las labores de desalojo, rescate, respuesta y recuperación de las regiones afectadas, incluyendo los gastos incurridos hasta el momento y aquellos que se incurrirán para realizar esas labores.

Una vez el DSP presente ese estimado, Hacienda y OGP deberán asignar los fondos disponibles a las agencias y municipios que se identifiquen para cumplir con lo dispuesto en la orden ejecutiva.

La OE autoriza a los funcionarios antes mencionados a establecer un presupuesto especial, de cualquiera de los fondos disponibles, incluyendo la Reserva de Emergencia, para poder cubrir los gastos necesarios para las labores de desalojo, rescate, respuesta y recuperación de conformidad con la orden.