Los miembros de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobaron este jueves un voto de huelga condicionado, luego de casi tres meses de espera de que la Junta de Supervisión Fiscal le dé el visto bueno a un bono de $3,000 que se acordó como parte de la aprobación del convenio colectivo, confirmó el presidente de la unión, Carlos De León, así como la secretaria de Información y Propaganda, Sheila Dávila.

Según explicaron a Primera Hora, los miembros de la HEEND darán un periodo de dos semanas al presidente de la UPR, Luis Ferrao, y a la Junta de Supervisión Fiscal para que resuelvan “el impase” y determinen si darán paso al convenio colectivo, el cual contiene el bono, así como los pasos para implantar el nuevo plan de clasificación y retribución con los aumentos salariales que se auguran.

Dávila precisó que el voto de huelga acordado este jueves lo que hace es que “le brindó a la Junta de Directores (de la HEEND) un voto para que decida cuándo y cómo se implementa”.

Concluido el periodo de las dos semanas, “comenzaremos los preparativos para irnos a los portones”, alertó.

La determinación la tomaron los miembros de la HEEND de los 11 recintos de la UPR durante una Asamblea Extraordinaria de Voto de Huelga que se realizó en el Anfiteatro de Estudios Generales del recinto de Río Piedras.

Por su parte, el presidente de la unión aludió a que en estas dos semanas lo que se verá de parte de la HEEND es un aumento “en el nivel de protestas y reclamos”.

Explicó que concedieron el periodo de dos semanas, porque “la HEEND nunca se ha negado a dialogar en la mesa de negociación”.

“Le estamos dando tiempo al presidente para que lo resuelva. Pero, debe resolverlo hoy, porque él lleva casi tres meses sentado sobre el convenio colectivo”, añadió.

Una de las cosas que De León repudió y que dijo no permitirán en el plazo de dos semanas concedido es abrir el convenio colectivo nuevamente para negociación. Detalló que abogados y muchos otros profesionales de la HEEND y de la UPR dialogaron por meses y lograron un convenio que beneficia a ambas partes. Comentó que los acuerdos alcanzados fueron firmados por las partes, no así el convenio colectivo en general.

La advertencia la dio a conocer, porque dijo que “la Universidad pretende que nosotros aceptáramos que antes de que se apruebe el convenio colectivo, la Junta de Control Fiscal lo revise y nosotros nos oponemos totalmente. Nosotros no negociamos con la Junta de Control Fiscal, negociamos con la UPR”.

Urgió, entonces, a Ferrao a que firme el convenio colectivo y lo pase a la HEEND para poder realizar la asamblea de ratificación del mismo.

“Que el presiente tenga la voluntad de firmar lo que acordó con nosotros”, afirmó De León. “Le exigimos al presidente de la UPR que cumpla con su deber como autoridad de la UPR. Él es la autoridad mayor en la UPR. Le toca a él, como a otros presidente les tocó, finalizar el proceso del convenio colectivo”.

La portavoz de prensa de la UPR, Rosa Delia Meléndez, informó a Primera Hora que el presidente Ferrao se presta a dar declaraciones mañana, viernes, sobre lo acontecido.

Mientras, la portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal, Sylvette Santiago, comentó que el ente todavía mantenía bajo análisis la controversia, pero que esperaban emitir una decisión de un momento a otro.

Por otro lado, una comunicación de la HEEND explicó parte de la controversia. Según indica, “la Hermandad culminó la negociación (del convenio colectivo) en diciembre de 2023. Todas las cláusulas fueron firmadas por el Comité Negociador de la unión y la representación del patrono. La Estipulación en la que se acordó el pago de una bonificación de $3,000 se hizo luego de que la administración universitaria identificara los fondos en su presupuesto. Dicho acuerdo incluso fue aprobado por la Junta de Gobierno de la UPR (JG) el 30 de noviembre de 2023. Así lo hizo constar cuando emitió y publicó las Certificaciones Núm. 64 y Núm.65, Año 2023-2024. Desde entonces la administración universitaria insiste en que necesitan la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal antes de pagar lo acordado y han asumido una posición cómoda de espera”.