Por un problema procesal achacado a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el Departamento de Justicia determinó ayer, jueves, archivar la querella que pesaba contra el exgobernador Ricardo Rosselló y su esposa, Beatriz Rosselló, por supuestamente haber sometido información falsa para lograr votar de manera ausente en la elección de los cabilderos por la estadidad.

Fueron múltiples los problemas que enfrentaron los fiscales Gretchen Camacho Rossy y Rufino Jiménez Cardona para investigar las denuncias sometidas por los comisionados electorales del Partido Popular Democrático, Movimiento Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y el Partido Independentista Puertorriqueño. Uno de los que se destacó fue que el documento emitido por la CEE a Justicia no fue el mismo que evaluaron al hacerse la denuncia contra los Rosselló en el pleno de la Comisión. La falta de firmas en los documentos también complicó el panorama.

En entrevista radial (WKAQ 580 – Univision Radio), la fiscal Camacho Rossy detalló que “se trata de dos documentos que son solicitudes de voto ausente. El problema con esas solicitudes es que las mismas parecen unas fotocopias, como si fueran unas fotografías, en algunas no había firmas y otras estaban ilegibles. La investigación se circunscribió no solamente a determinar si en efecto el doctor Rosselló y su esposa tenían un domicilio electoral en la casa que decían, que era en College Park, sino también si contábamos con la evidencia. ¿Cuál era la evidencia? Esas solicitudes de voto ausente, porque ahí, en esos documentos es que le podemos probar al tribunal si en efecto hubo una falsedad o no hubo una falsedad”.

“La CEE lo que tiene es un documento, es una fotocopia, que no está completo, que las firmas no están completas. Se hizo hasta una búsqueda de evidencia digital y ese documento no está en la Comisión o por lo menos, la Comisión no lo proveyó, a pesar de que nosotros lo pedimos por tribunal. El documento no aparece en la Comisión y el que está no fue reconocido por los testigos como el que ellos tuvieron ante su consideración”, agregó la fiscal.

Camacho Rossy estableció, entonces, que la CEE falló “en el manejo, en la custodia y en los procesos” de tales solicitudes del voto ausente como para poder encausar al matrimonio por cometer un delito electoral.

Jiménez Cardona añadió, por su parte, que como parte de la investigación “se entrevistaron múltiples funcionarios de la CEE. Ciertamente, hay contradicciones entre ellos, no siguieron adecuadamente los reglamentos que existen y la Ley Electoral y no cumplieron con custodiar, con proteger, toda la documentación. Nosotros no podemos demostrar una cadena de custodia adecuada de ese documento ante un tribunal. Sostener este caso más allá de duda razonable a nivel de juicio, pues, prácticamente, no es posible”.

La pesquisa realizada por estos fiscales, que llevan sobre 20 años en Justicia, fue que se demostró que Rosselló y su esposa no tenían un domicilio electoral ni ninguna propiedad física en la Isla que les permitiese votar. Sin embargo, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, señaló que la decisión de si se les permite o no votar es de la CEE no de la agencia que dirige.

“Si ese hubiese sido el documento que presentaron los esposos Rosselló, ese no es domicilio electoral. Pero, nosotros no podemos decirle al tribunal ni al pueblo de que en efecto ese documento lo presentó el doctor Rosselló, la presentó la señora Areizaga, ni podemos decirle al tribunal que fue firmado y juramentado, porque no tiene firma ni juramento”, estipuló la fiscal.

Jiménez Cardona interrumpió para establecer que el voto del matrimonio fue anulado por la CEE.

Cabe destacar que el secretario de Justicia enfatizó en que la decisión de la agencia no representa que “le tiré la toalla” a los Rosselló.

“El hecho de que puedas tener simpatía o una animosidad no es el elemento para usted acusar a una persona. No tengo la menor duda que la determinación que estoy tomando al aceptar el informe de estos fiscales es la correcta”, dijo.

Señaló que tiene “tranquilidad de espíritu”, pues reconoce que con la prueba recopilada no es suficiente para sostener un caso en los tribunales.

“No se probó el caso de acuerdo a las reglas de evidencia”, afirmó Emanuelli.

Tras la determinación de Justicia, el primer comisionado que levantó la alerta sobre las posibles irregularidades cometidas por el matrimonio Rosselló, Nelson Rosario, del Movimiento Victoria Ciudadana, señaló que el informe de Justicia puede ser utilizado por cualquier persona para presentar una querella ante la CEE en la que se establezca que el exgobernador no tiene derecho a ocupar un cargo de delegado congresional. Esto, bajo el precepto de que se concluyó que no tiene un domicilio electoral en la Isla.

“Ellos concluyen que Rosselló no vive en Puerto Rico. Eso lo dijo la (ex)jueza Rebeca de León, (del Tribunal de Primera Instancia de San Juan). Tenemos una persona allí ostentando un cargo para el cual no tiene derecho y ha creado un mal ejemplo a la sociedad puertorriqueña”, afirmó el abogado.