El pasado cuatrienio, bajo la administración de Ricardo Rosselló, se aprobó una mal llamada Reforma Laboral. Era una propuesta torcida que menoscaba derechos de los empleados del sector privado y satisfacía el apetito neoliberal de la Junta de Control Fiscal y sectores del 1% de los que controlan el gran capital en Puerto Rico.

Como senador, me opuse a esa legislación abusiva, que afectaba adversamente y empobrecía a amplios sectores del país. Sus promotores no viven las consecuencias de esa propuesta de “Deforma Laboral”.

La “Deforma Laboral” extendió los periodos probatorios de los empleados privados, haciendo más difícil lograr permanencia y estabilidad en el empleo. Redujo el periodo de licencias por enfermedad y vacaciones. Se aumentó las horas de trabajo para acumular días para dichas licencias. Se propuso la reducción del bono de Navidad. Le otorgó al patrono el derecho a condicionar el empleo a que el trabajador consienta a un horario de trabajo sujeto al capricho del empleador. Redujo el pago de horas extra.

En otras jurisdicciones, económicamente en crecimiento, han tomado otra ruta. Mientras mejores son las condiciones de los trabajadores, mayor el nivel de productividad y mejor la calidad de vida. Mientras más ingresos del empleado, mayor poder adquisitivo para inyectar dinero a la economía. En el caso de Puerto Rico esto es crucial, ya que enfrentamos más de 15 años de contracción económica. Además, tenemos un sistema de captación contributiva basada en el consumo. Mientras más dinero haya para compra de productos y servicios, mayor la captación del fisco para fortalecer las finanzas del gobierno.

El liderato del PPD, que se comprometió a derogarla, ha llegado a un entendido transaccional con la Junta de Control y el gobernador Pedro Pierluisi. Esta semana el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito Hernández -el mismo que aprobó el Plan de Ajuste de la Deuda que afecta a los servidores públicos, que impulsó la asignación de $50 millones para revivir el desprestigiado “barril de tocino” y que propone enmiendas a la ley del CRIM que se anticipa redundará en aumentos en el pago de las contribuciones municipales- presentó nuevamente una propuesta de enmiendas a la reforma laboral, incluyendo las sugerencias del Gobernador. La propuesta sigue siendo defectuosa y abusiva para los trabajadores. Hay que rechazarla.

La senadora María de Lourdes Santiago y el representante Denis Márquez han insistido en alcanzar una propuesta consensuada que integre importantes cambios para mejorar las condiciones laborales del país. Entre esos cambios, se propone:

1. Restituir el pago de horas extras a razón del doble del salario convenido para horas regulares.

2. Establecer un término al patrono para el cambio de horario. El periodo para consumo de alimentos no debe ser menos de 30 minutos.

3. Establecer la acumulación de las licencias por vacaciones y enfermedad a uno y un cuarto de día (1 ¼) por cada mes trabajado.

4. Instaurar el bono de Navidad a un 6% del salario del empleado.

5. Restituir el periodo probatorio del trabajador a tres meses.

Estas son algunas enmiendas específicas que mejorarían las condiciones laborales de los empleados. Sin embargo, la ruta tomada por el liderato PPD y PNP es contraria. Dan la falsa impresión de enmendar la ley laboral de Ricardo Rosselló, reteniendo medidas penalizantes para empleados de las empresas privadas. Las enmiendas a la Reforma Laboral es como aparentar movimiento sin dar un paso. Es puro engaño.

La tragedia de esta propuesta es que Puerto Rico es la jurisdicción con menor tasa de participación en la fuerza laboral. Apenas un 40% de las personas hábiles para trabajar pertenecen a la fuerza laboral. Eso se debe, en gran medida, a las condiciones adversas laborales que -a su vez- desestimula a los que podrían trabajar, pero se resguardan en la dependencia extrema del gobierno.

Para ser competitivos y hacer justicia a la clase trabajadora debemos ajustar nuestra política pública a las tendencias de tercera década del Siglo XXI. Ése es el camino de las economías exitosas y las sociedades equitativas.